Por: Camilo González Posso
Desde hace una década vienen funcionando poderosos carteles dedicados a apoderarse mediante el fraude de los recursos que los ciudadanos han entregado en custodia al Estado. El Presidente de la República calificó de crimen atroz contra la salud de los colombianos el perpetrado por esa red que durante los últimos 8 años se robo billones de pesos del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA, creado por la Ley 100 de 1994.
La Superintendencia de Salud ha dicho que el cartel ha operado con la complicidad desde poderosas EPS. La acusación se sale de lo corriente pues compromete en el fraude a las piezas centrales de todo el sistema. Según las primeras informaciones los procedimiento para apoderarse de los fondos públicos de la salud han sido varios: el que fue motivo del escándalo en la pasada administración y sigue sin subsanarse, parte de una política de EPS que niegan servicios o medicamentos a los pacientes y los orientan a solicitarlos por medio de tutela para que no salgan de las cuotas Per Capita entregadas a su administración sino del FOSYGA. Cuando el fondo público paga ese servicio vía tutela buscan sobreprecios con medicamentos caros de multinacionales que así burlan las restricciones de formulación del Plan Obligatorio de Salud. Y si la tutela es negada, y por lo tanto no se presta ninguna atención, entra la red de corruptos que está en toda la cadena y tramita el pago a la EPS. La operación la completan falsificando papeles de laboratorios, hospitales o proveedores de medicamentos.
Otro truco frecuente de algunos agentes es negar servicios que están en el Plan Obligatorio o acordar un techo de calidad de los servicios limitando acceso, aumentando tiempos de espera para atención con especialistas, desacreditando los medicamentos genéricos o esenciales. De esta manera inducen la afiliación a medicina prepagada y obtienen ganancias extraordinarias.
¿Se trata de otro caso de corrupción que se soluciona sólo procesando a los culpables? O ¿estamos ante un sistema con grietas estructurales que facilitan la formación de carteles y el asalto a la salud? ¿ Como explicar que en ocho años no se hubiera actuado contra semejante fraude? ¿Todo se va a tapar encarcelando a cuatro subordinados? Esos son ya los términos del debate.
Contra toda evidencia los defensores a ultranza de la Ley 100 dicen que son fallas puntuales y se resisten ante la necesidad de una reestructuración de fondo que incluya, por ejemplo, afiliación única y recaudo unificado. El sistema seguiría siendo mixto en la prestación de los servicios, pero la universalidad e igualdad y una concepción de salud pública preventiva requieren que se supere este modelo de innumerables intermediarios que buscan ante todo enriquecerse y no la garantía del derecho a la vida y la salud de las personas. Y por supuesto es urgente que entre tanto los criminales sean procesados y el cartel desbaratado.
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