Desde que empezó el proceso contra Wilson Borja, Piedad Córdoba y otros acusados de tener nexos con las Farc, destacados juristas señalaron que las pruebas obtenidas gracias al ataque ilegal al campamento de Raúl Reyes en Ecuador eran ilícitas y los expedientes estaban llamados a desmoronarse. Bastaba con leer el artículo 29 de la Constitución para saberlo: "Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso".
También indicaron numerosos abogados que el Procurador violaba la ley al ponerse la toga de juzgador de congresistas, toda vez que el artículo 235, numeral 3, reserva este fuero a la Corte Suprema de Justicia.
No resulta extraño, pues, que de manera unánime los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte hubieran archivado esta semana la investigación contra el ex representante Wilson Borja por basarse en pruebas ilegales. Ni será raro tampoco que por el mismo camino se devuelva a Piedad Córdoba la curul y los derechos políticos que el Procurador le arrebató por la puerta trasera.
Queda así confirmado que la justicia de corte personal y características espectaculares no es la que conviene al país. Después de un primer relumbrón, y de profusas declaraciones de quien pretende erigirse en Gran Justiciero, el edificio de papel mojado se derrumba sin remedio. Borja, perjudicado por el juicio y maltratado por la prensa, demandará al Estado.
Lo más seguro, pues, es que, al final, los que paguemos la fiesta seamos los contribuyentes.
Por: Daniel Samper Pizano
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