No soy muy santanderista que digamos, pero no cabe duda que sin constitución, leyes e instituciones que se respeten no sería posible la convivencia en ningún lugar del mundo. Por ello, el Estado de Derecho es una condición inherente a la democracia y permite tener reglas de juego claras, estables y aplicables que no hagan depender al país, a los ciudadanos y a la propia democracia de los vaivenes de la política, ni de los caprichos de un gobernante dicharachero.
Al recordarnos que la “prueba aportada ilegalmente es nula de pleno derecho”, la Sala de Casación Penal de la CSJ hilvanó al tenor todo el acervo legal que rige el debido proceso contenidos en nuestra carta magna, en el código penal y de procedimiento penal colombianos, así como en los tratados internacionales y bilaterales de cooperación judicial que ha suscrito Colombia, sentando jurisprudencia sobre quien, como y de qué forma deben aportarse las pruebas, poniendo límites y protegiendo al ciudadano, y previniendo eventuales acciones arbitraria del propio Estado.
No es de extrañarse que los enemigos jurados de la Corte, que de paso son los mismos amigos del “todo vale”, incluso violar la propia constitución y las leyes, quienes consideran que el Estado de Opinión supera al Estado de Derecho, hayan arreciado por todos los medios su ofensiva, por desacreditar el fallo que favorece, más allá de la individualidad y los derechos del ex congresista Wilson Borja y posiblemente también a Piedad Córdoba, al principio inviolable de la legalidad de la prueba, como principio universal establecido para la defensa de los ciudadanos.
El moscardón, como muy apropiadamente bautizara en una columna reciente un prestigioso periodista de El Espectador al ciudadano ex presidente Álvaro Uribe Vélez, no alcanza a comprender que todo el alboroto que armó sobre el hallazgo de unas presuntas pruebas incriminatorias que se dieron a conocer con todo el despliegue de medios a nivel mundial como las que vinculaban a “muchos políticos” (léase opositores y críticos del gobierno) con las Farc, y que según él y sus acólitos, iba a generar “un escándalo superior al de la parapolitica” se hayan caído tan estruendosamente por decisión unánime de la Sala Penal de nuestro máximo tribunal de justicia. Se le estremecen esas carnitas y esos huesitos al furibestia al ver una justicia actuando con independencia, entereza, profiriendo un fallo basado en razones estrictamente jurídicas y retomando la tesis de que “la legalidad de una prueba depende de que su recolección haya ocurrido sin violar la ley y que las diferencias diplomáticas entre países no autorizan a comportarse desconociendo las normas internas e internacionales” tan incómodas a los adeptos y adictos de la seguridad democrática y ultraderechistas de todos los pelambres.
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