Para trabajar en el centro de Medellín hay que tener el aval de las Convivir, grupos privados de seguridad que desde la ilegalidad realizan cobros a los comerciantes bajo el supuesto de brindarles seguridad.
Pedro administra uno de los miles de locales comerciales que hay en el centro. Como es un hombre organizado conserva todas sus facturas de pago como respaldo en caso de alguna eventualidad. En el archivo de sus cuentas canceladas guarda celosamente unas que rezan: “aporte voluntario al Comité de Progreso Cívico por concepto de vigilancia.
Valor 15 mil pesos”.
Se trata de un pago obligatorio que Pedro debe cancelar a quienes se autodenominan “Convivir”, grupos que dicen garantizar la seguridad del centro las 24 horas del día. “No tenemos remedio: quiérase o no debemos hacer ese pago, sino queremos que sean ellos mismos, las Convivir, las que autoricen atracos, raponeos y daños a los locales”, afirma Pedro con resignación.
Las Convivir se presentan como organizaciones armadas integradas por civiles encargados de prestar servicios de vigilancia a cualquier persona que desarrolle alguna actividad comercial en su “zona de control”. La mayoría de sus integrantes, según la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, son desmovilizados de las Autodefensas y ex policías que se valen de sus contactos, formación militar, acceso a armas amparadas y conocimiento de la ciudad y de sus dinámicas de confrontación.
“Esa gente llega y le habla a uno con una autoridad amenazante,son los reyes de la calle. No hay forma de decirles que no. Y ahí hay mucho ex policía y policía en servicio”, cuenta Adriana, otra comerciante, dueña de una tienda de zapatos en el sector de El Hueco.
El nombre de Convivir proviene de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada autorizadas desde la Gobernación de Antioquia en 1995 por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. Estas estructuras dejaron de funcionar legalmente en 1998 debido, entre otras razones, a los excesos en que comenzaron a incurrir y a su cercanía con carteles del narcotráfico.
El Instituto Popular de Capacitación, IPC, calcula que en el centro, en la Comuna 10 de Medellín, funcionan unas 23 Convivir, que a diferencia de años pasados en los que estaban segregadas por la guerra entre la Oficina de Envigado, Don Mario y el Cartel del Norte del Valle, ahora obedecen de manera unilateral a Erick Vargas, alias “Sebastián”, hombre que se calcula coordina el 70 por ciento de los combos de Medellín y su área metropolitana. El otro 30 por ciento se lo reparten entre Los Urabeños y alias “Valenciano”.
¿Cómo funcionan?
Las Convivir son estructuras semi legales, afirma Luis Fernando Quijano, Investigador de Corpades. De acuerdo con el experto, es fácil reconocer la facción ilegal de estas estructuras armadas en sus cobros de vacuna, amenazas, presiones armadas y toda suerte de intimidaciones. La parte delicada, quizás lo más desconcertante, es que muchos de los cerca de 400 hombres que se calcula que “cuidan” el centro lo hacen con armas amparadas por la Cuarta Brigada. Y usan además equipos de comunicación de la Empresa Metropolitana de Seguridad y bajo el amparo del programa de reinserción social de la Administración Municipal, conocido como Red de Apoyo Ciudadano.
Y todo eso con carnés, documentos y hasta chalecos oficiales. Los sujetos caminan las calles revestidos de una autoridad que no tienen pero que, por otro lado, sí parece reconocerle el mismo Estado.
Bravucones con permiso.
El brigadier Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, reconoce que mientras las personas continúen pagando vacunas, las Convivir no van a desaparecer. Cuando una patrulla detiene a un sujeto armado en El Hueco y advierte que su radio de comunicación cuenta con permiso, lo mismo que su arma, no puede detenerlo. Hace falta una denuncia por cobro de vacuna, y es lo que los comerciantes se niegan a hacer. Según Vásquez, de nuevo es el sistema judicial el que resulta garantista de los sospechosos.
“Por ejemplo, si entregamos como evidencia un video de un hombre pagando dinero a otro, luego lo atrapamos con una alta suma de dinero y lo tipificamos como flagrancia, el argumento que nos desarma todo el proceso es que tanto el implicado como el que paga pueden esgrimir que el pago es producto de cualquier otra cosa, no una vacuna. Así entonces tenemos que son mínimas las acciones que podemos planear”, admite el alto oficial. En el peor de los casos estos grupos "enmaletan" a quienes capturan. Desaparecen o asesinan a quien ellos consideran incurrieron en delitos.
Nadie se salva
Si hay algo en lo que coinciden tanto organizaciones de derechos humanos como las autoridades es que del cobro de vacunas no se salva nadie. Según relata un informe del IPC, hasta los llamados “escaperos”, para poder robar en el centro, deben cancelar una suma cercana a 40 mil pesos semanales. Según los investigadores, “apuestas, plazas de vicio, prostitución, contrabando, informalidad, absolutamente todos pagan servicios de seguridad”.
Para nadie es un secreto: la economía informal e ilegal mueve en cifras multimillonarias en Medellín. “Y hay fuertes intereses privados y públicos en que todo siga funcionando como hasta ahora. Hoy por hoy, paradójicamente, la ciudad necesita de la ilegalidad para garantizar la paz, la seguridad y la convivencia en diversos sectores”, cree Fernando Quijano.
Cada vez está más claro: el panorama del centro de Medellín es el mismo que se vive en sus barrios. “El día que Medellín quiera recuperar la legitimidad en el centro hay que acabar con las mal llamadas Convivir. Ellas son el motor de un sistema fraudulento y criminal”, concluye el comandante de la Policía Metropolitana. Para intimar aún más a los transeúntes, y para dejar en claro quiénes son los que mandan en el centro, algunos miembros de las Convivir llevan lentes oscuros y exhiben gruesas cadenas de oro, mascan chicle, escupen en el suelo, hablan duro, se caricaturizan así mismos pavoneándose como sujetos rudos. Se sienten los reyes, y lo son.
