Perdónalo, Señor

Por: Octavio Quintero 

Los extremos se tocan… 

¿Qué tienen en común el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, el Procurador Alejandro Ordoñez y monseñor, Juan Vicente Córdoba, secretario general de la Conferencia Episcopal? 

Nada, podría responderse sin temor a equivocación.               ¡Error! 

Los tres personajes han coincidido finalmente en condenar la criminal política de salubridad pública que impera en Colombia, destapada recientemente en un ardoroso debate en el Congreso impulsado por el senador, contra la voluntad, inclusive, del gobierno nacional que interpuso hasta el último momento las fuerzas de su poderosa bancada de Unidad Nacional para impedir el juicio público. 

Desde entonces, hace unos tres meses, el gobierno viene anunciando, más como evasión de responsabilidad que como convencimiento propio, unas reformas al sistema que no se ven; y no irían a significar ningún remedio mientras, como parece ser, se deje enhiesta la política de salubridad pública basada en la gestión de la empresa privada. 

Si la salud es un derecho inalienable de la gente, como se establece claramente en la Constitución, ello indica que debe estar en manos del Estado porque su prestación, entonces, no obedece a un negocio sino a un servicio público. 

Y ese es el quid del asunto. 

No se trata de tener más o menos cierto número de EPS, IPS y demás parafernalia de derecho privado creada alrededor de la Ley 100. Si el hueco por donde se produjo el “robo a la salud” se deja abierto, su tamaño lo único que limita es el número de ladrones que pueden seguir entrando al convite. 

Y eso es lo que se desprende del anuncio del ministro Santamaría al decir que la  reforma que tiene en mente, y que seguramente expedirá en las próximas horas a somatén de los medios de comunicación proclives al gobierno, reduce las EPS a su mínima expresión. 

Es decir, el “robo a la salud” ya no será de muchos sino de unos cuantos. Es así de sencillo. 

Mientras tanto, queremos decirle a monseñor que, contrario a lo que justamente él señala como un error, el gobierno insistirá en seguir considerando la salud como un favor más que el benigno Estado le hace a los ciudadanos y su administración, un negocio que debe estar en manos del sector privado y su indiscutida eficiencia del “saber hacer” que proclama. 

Este es el gobierno de la “prosperidad para todos” que ignora olímpicamente la Constitución, menosprecia la advertencia de la Procuraduría (irónicamente llamada dizque “Ministerio Público”) y desprecia el llamado moral de la Iglesia en nombre de la cual le prometió a Dios adelantar un “Bueno Gobierno”. 

Sólo restaría decir… Perdónalo Señor porque sí sabe lo que hace…