Es más, podría argumentarse que la Ley de Justicia y paz, a su vez, permitió que los victimarios fuesen reincorporados a la sociedad. En síntesis, desde una perspectiva radical, alguien podría afirmar que para hacerse ciudadano es preciso sufrir (como sufren las víctimas), o matar (como matan los victimarios).
Este es un modelo que, como cualquier otro, reduce al absurdo la realidad social. Pero suponiendo que algo explique, asumiendo, entonces, la idea de que el dolor y el asesinato son dos formas de hacerse notar (e incorporar) por el Estado, resulta sugestivo constatar cómo es que Ana Fabricia Córdoba, la líder que fue asesinada el martes pasado, no entra en esa disyuntiva.
El caso de Ana Fabricia es emblemático. Los ‘paras’ le mataron a un hijo y a un esposo, por lo que tuvo que desplazarse. Del Urabá pasó a La Cruz, un barrio en Medellín en el que la guerra continúa. Después le mataron otro hijo, por el que ella acusó públicamente a la Policía.
Contó que a la hija la violaron (no especifica quién) y que de joven vio matar a su madre, a su padre y a todos sus hermanos. En suma, mucho sufrimiento. Y sin embargo Ana Fabricia, que tampoco mató (no se convirtió en vengadora), denunció y nunca se resignó a su condición de víctima.
No creía en que el dolor fuese el único lenguaje disponible para dirigirse al Estado. Era una líder con un discurso, como cualquier político opositor. De ahí que a la institucionalidad le haya sido tan complicado asumirla (y protegerla).
Paradójicamente, su liderazgo le impidió el acceso a la ciudadanía. Y sólo tras su asesinato, que acaso sea otra forma de llamar la atención del Estado, vino el reconocimiento, para lo cual le pusieron precio a su cabeza. Algo así como que, en la misma lógica radical, nos interesan los líderes, sí, pero muertos.
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