¿Quienes integran la "Mano Negra"?

Hace unos días, en uno de “sus consejos para la prosperidad” Santos aseguró que existe una mano negra, representada por la extrema izquierda y la extrema derecha que según él " coinciden en tratar de romper ese optimismo al país, pero no lo van a lograr porque el país sabe que vamos por buen camino" 

Una de las respuestas que no se hizo esperar fue la del el procurador general Alejandro Ordoñez quien en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos le pidió que le aclare cuál es la mano negra que se apodera de la institucionalidad, según declaraciones del primer mandatario en días pasados: “Como Jefe del Ministerio Público y máxima autoridad disciplinaria, le solicito en caso de que existan funcionarios públicos que estén o hayan estado vinculados a tal empresa criminal, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones del caso”. 

Pero la respuesta del procurador no se quedó ahí. En alusión a una columna de Daniel Samper Pizano en la que éste menciona la “mano negra” de extrema derecha formada por conservadores cavernícolas, militares, ex militares y sectores católicos ultramontanos, cuyo su profeta es un pseudoideólogo de cuna Santanderiana, reconocido vocero de los excesos ultraderechistas” aseveró que el prestigioso periodista del El Tiempo "se la fumó verde... Él no ha olvidado sus retozos juveniles" en clara endilgación del calificativo de marihuanero a Samper. 

La pregunta que me asalta es porqué Ordóñez se siente aludido por un artículo que ni siquiera lo nombra. Que él (Ordoñez) se identifique y autoreconozca como un conservador cavernícola, católico ultramontano, pseudoideólogo y que además sea oriundo de Santander, donde ha sido no solo vocero, sino autor y actor de excesos ultraderechistas como el que protagonizó, en compañía de Hugo Mantilla Correa(q.e.p.d), con quien realizó una purga violenta, acompañada de quema de libros de la Biblioteca Gabriel Turbay de Bucaramanga donde quemaron ejemplares de García Márquez, Rousseau, Marx y una Biblia protestante por considerarlos pecaminosos. 

A propósito, el pseudoideologo al que parece referirse Samper en su columna, es el abogado e historiador Hugo Mantilla, quien también fue mencionado en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia: la intentona golpista para derrocar a Ernesto Samper a finales de 1995. 

Mantilla fue el encargado de organizar numerosas reuniones a las que asistieron algunas personalidades y en las que se ventilaban distintas salidas para la crisis política de aquel entonces, entre ellas el golpe de estado, ya que para este grupo era claro que Samper debía dejar la Presidencia a las buenas o a las malas. Por aquella época se hicieron famosas y constantes, las reuniones a las que asistían, entre otros, Alvaro Uribe Rueda, Luis Carlos Sáchica, Ramiro de la Espriella, Gustavo Ardila Duarte, Víctor Mosquera Chaux, Emilio Barco, Felio Andrade y Diego Tovar Concha. En algunas de esas reuniones participaron los generales Fernando Landazábal, Iván Ramírez y Luis Bernardo Urbina y los coroneles Gustavo Castro y Bernardo Ruiz Silva.[i]

Me pregunto: ¿será que la razón por la que el procurador Ordoñez se autoincrimina es que Mantilla dejó de ejercer su papel de conspirador golpista y jefe de la mano negra santandereana a causa de su muerte en Suiza en 2007, y a su deceso la jefatura del fanatismo religioso y ultra godo, auspiciador y gestor de la “mano negra de ultraderecha” debe ser asumida por quien más se le parece y estando en tan confusa situación no logra distinguir entre las funciones de sus dos altas responsabilidades? 

[i] Revista Semana.com: LOS GOLPISTAS http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=41671.; DE PRIMERA MANO http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=37990

El cardenal procura

Por: Felipe Zuleta Lleras 

QUIEN HAYA PASADO POR UNA FAcultad de leyes sabe que, entre otras, las fuentes del derecho son la Constitución, la ley, las costumbres y la jurisprudencia. 

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, obnubilado por sus creencias religiosas, se atrevió a sostener esta semana en la Universidad Javeriana que en este país “se estaba volviendo una costumbre peligrosa tomar a las sentencias de la Corte Constitucional como fuente del derecho”. Este disparate lo sostuvo para atacar alevemente la sentencia de la Constitucional que permite el aborto en tres casos específicos y que fue proferida hace cinco años. Los casos son taxativos: cuando peligra la vida de la madre, cuando el embarazo 
es producto de violación y cuando el feto viene con malformaciones congénitas. 

A pesar de esta trascendental decisión de la Corte y el tiempo de proferida la sentencia, en Colombia se siguen muriendo al año miles de mujeres por abortos mal practicados. El tema del aborto es fundamentalmente un asunto de salud pública y así lo entendió la Corte Constitucional; no es, ni puede ser un tema moral ni de carácter religioso como lo ha enmarcado el procurador general, quien de manera sistemática ha disparado en contra de la Corte y, por contera, contra el derecho de millones de colombianas a ser dueñas de sus cuerpos. 

Resulta prevaricador que quien dentro del Estado debe velar por el cumplimiento de las leyes y las sentencias, sea precisamente la misma persona que pretende subvertir el orden constitucional y legal, pasándose por la faja de su sotana cardenalicia las decisiones del máximo tribunal de lo constitucional. 

La misma persona que suspende y destituye funcionarios dizque sustentado en la ley, no puede oponerse, en abierta conducta subversiva, a las decisiones de la Corte Constitucional. No, señor procurador, las sentencias y las leyes se cumplen y ya, sin que puedan predicarse creencias religiosas para abstraerse de aplicar el ordenamiento legal y la jurisprudencia. 

En buena hora el expresidente Gaviria le recordó al procurador-cardenal que estamos en un Estado de derecho; Estado que está por encima de los predicadores y falsos profetas de su verdad divina vertida en forma de escritura sagrada en los pronunciamientos que deben hacerse en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. Sí, la ley colombiana y no las leyes de dios, pues éstas las acogen los creyentes pero no les pueden ser impuestas a 
quienes viven en un estado laico y no creen. 

Las sentencias de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento, como bien lo sostiene el presidente de esa institución, Juan Carlos Henao. Y eso quiere decir nada más ni nada menos que de no cumplirlas estamos ante la comisión de un delito. Aun cuando eso no 

parece importarle mucho al cardenal Ordóñez por aquello de que el que reza y peca, empata. Y para rezar sólo debe acudir al oratorio que montó en el edificio de la Procuraduría.